El de verificación periódica (0,030 mg/L hasta 0,400 mg/L; 7,5 % por encima). El informe del Centro Español de Metrología a la Fiscalía de Seguridad Vial de abril de 2021, apartado 4.3, razona que es el único que «incluye por concepto las derivas y variaciones temporales del instrumento», a diferencia de los EMP de las demás fases del control metrológico. Los EMP de verificación inicial o posterior a reparación (0,020 mg/L o 5 %) son los criterios de aceptación con los que el aparato se pone en servicio o sale del taller, no la tolerancia con la que mide en la vía pública: esta calculadora los mantiene solo como contraste. La diferencia es decisiva en las fronteras legales: 0,65 mg/L medidos dan 0,60 mg/L con el EMP periódico (no hay delito) y 0,61 mg/L con el inicial (sí lo hay).

Se aplica el principio "in dubio pro reo" (en caso de duda, a favor del acusado), respaldado por las Sentencias del Tribunal Supremo 788/2023 y 789/2023. Por ejemplo, una tasa de 0,66 mg/L con el EMP de verificación periódica (7,5 % = 0,0495 mg/L) resulta en 0,6105 mg/L. Al truncar obtenemos 0,61 mg/L y al redondear también 0,61 mg/L; en cambio 0,655 mg/L daría 0,605875, que truncado es 0,60 mg/L (sin delito) y redondeado 0,61 mg/L (con delito). La diferencia determina si el caso es una infracción administrativa o un delito, siendo el truncado el más favorable al conductor.

Para tasas menores o iguales a 2 mg/L: 0,020 mg/L o el 5 % del valor medido, el mayor de ambos. Para tasas mayores a 2 mg/L: (Valor de referencia / 2) - 0,9 mg/L. Son los EMP de la fase de puesta en servicio (Orden ICT/155/2020, apéndices II y III, que remiten a la OIML R 126) y el informe del CEM de abril de 2021 no los contempla para el cálculo en sede judicial. La Orden ITC/3707/2006 no tiene EMP de verificación inicial, de modo que esta opción no es aplicable a etilómetros puestos en servicio antes del 24/10/2020.

Depende de cuándo se puso en servicio el aparato. Si fue el 24/10/2020 o después (Orden ICT/155/2020): 0,030 mg/L hasta 0,400 mg/L, 7,5 % entre 0,400 y 2 mg/L y (Valor de referencia × 0,75) - 1,35 mg/L por encima de 2 mg/L. Si fue antes del 24/10/2020, la disposición transitoria segunda de esa orden impide exigirle requisitos adicionales a los de su puesta en servicio, por lo que se le aplican los EMP del anexo II de la Orden ITC/3707/2006 cuando son mayores: 0,030 mg/L hasta 0,400 mg/L, 7,5 % entre 0,400 y 1 mg/L y 20 % por encima de 1 mg/L, hasta 2,455 mg/L, punto a partir del cual vuelve a regir (Valor de referencia × 0,75) - 1,35 mg/L. Es el criterio de la tabla 2 del informe del CEM de abril de 2021.

Según la redacción literal del artículo 20 del Reglamento General de Circulación, se prohíbe circular con una tasa "superior a" los límites establecidos. Por tanto, si tras aplicar el EMP (Error Máximo Permitido) y el truncado, la tasa resultante coincide exactamente con el límite administrativo (0,25 mg/L para conductores generales o 0,15 mg/L para noveles y profesionales), esta tasa se considera legal y no constituye infracción. Del mismo modo, un valor exactamente igual a 0,60 mg/L se mantiene dentro del ámbito administrativo y no constituye delito penal, dado que para ello es necesario superar estrictamente ese nivel. Esta interpretación sigue el principio jurídico "in dubio pro reo", que confiere el beneficio de la duda al acusado, y se ajusta a la literalidad de la normativa que siempre hace referencia a valores "superiores a" los límites establecidos.

Si la tasa resultante, tras aplicar correctamente el EMP y el truncado, coincide exactamente con el límite administrativo (0,25 mg/L conductores generales; 0,15 mg/L noveles/profesionales), usted tiene fundamentos sólidos para reclamar la devolución de la multa. La normativa (artículo 20 del Reglamento General de Circulación) especifica claramente que la prohibición aplica a tasas "superiores a" los límites establecidos, no a tasas "iguales o superiores a". Por tanto, una tasa exactamente igual al límite se considera legal.

Las sanciones administrativas se gradúan de la siguiente manera:

• Conductores generales:
  • Entre 0,25 y 0,50 mg/L (exclusivamente): 500€ y 4 puntos
  • Entre 0,50 y 0,60 mg/L (exclusivamente): 1000€ y 6 puntos
• Conductores noveles/profesionales:
  • Entre 0,15 y 0,30 mg/L (exclusivamente): 500€ y 4 puntos
  • Entre 0,30 y 0,60 mg/L (exclusivamente): 1000€ y 6 puntos

Si cree que su caso merece reclamación, es recomendable consultar con un abogado especializado en tráfico y revisar sentencias como las STS 788/2023 y 789/2023 que refuerzan la aplicación del principio "in dubio pro reo".

Esta calculadora implementa la normativa ICT/155/2020 con el criterio del informe del Centro Español de Metrología a la Fiscalía de Seguridad Vial (abril de 2021) y aplica el principio "in dubio pro reo" siguiendo las Sentencias del Tribunal Supremo 788/2023 y 789/2023. Sin embargo, los resultados son meramente orientativos y no constituyen dictamen pericial oficial. En procedimientos administrativos o judiciales, estos cálculos pueden servir como base para alegaciones, pero la validez legal definitiva dependerá de la aceptación por parte de la autoridad competente. Para garantizar la máxima efectividad legal, se recomienda acompañar estos cálculos con un informe pericial elaborado por un experto en metrología o un abogado especializado en derecho vial que pueda defender adecuadamente su aplicación al caso concreto.

Se realizan dos mediciones separadas por un intervalo mínimo de 10 minutos por exigencia del Reglamento General de Circulación (art. 23) para garantizar la fiabilidad del resultado. Este tiempo permite que se eliminen residuos de alcohol en la boca que podrían alterar la medición. Siempre prevalece el valor más bajo de las dos mediciones, al que se le aplica el Error Máximo Permitido (EMP). Esta metodología responde al principio jurídico "in dubio pro reo". Es importante destacar que ambas pruebas son obligatorias para completar el procedimiento legalmente establecido; negarse a realizar la segunda medición, incluso habiendo realizado la primera, puede constituir un delito de negativa tipificado en el artículo 383 del Código Penal.

Durante una prueba de alcoholemia tiene derecho a: 1) Ser informado del motivo de la prueba y el procedimiento a seguir; 2) Conocer el resultado de cada medición; 3) Solicitar una prueba de contraste mediante análisis de sangre, orina u otros análogos (que debe realizarse en centro médico autorizado, siendo por cuenta del interesado si confirma el positivo); 4) Ser asistido por un médico si su estado de salud lo requiere; 5) Solicitar la presencia de un abogado antes de la segunda prueba si el resultado de la primera supera los límites penales; y 6) Recibir copia del acta o boletín con los resultados obtenidos. Es importante recordar que aunque tiene estos derechos, está obligado por ley a someterse a las pruebas requeridas por los agentes de la autoridad, siendo la negativa constitutiva de delito según el artículo 383 del Código Penal.

Los errores procedimentales más frecuentes que pueden invalidar una prueba de alcoholemia incluyen: 1) No respetar el intervalo mínimo de 10 minutos entre las dos mediciones; 2) Utilizar etilómetros sin certificado de verificación periódica vigente; 3) No informar al conductor sobre sus derechos, especialmente el de contraste mediante análisis de sangre; 4) No aplicar correctamente el Error Máximo Permitido (EMP) correspondiente al tipo de etilómetro; 5) No permitir al conductor realizar la prueba en condiciones adecuadas (por ejemplo, tras un esfuerzo físico intenso); 6) No calibrar el etilómetro antes de la prueba o hacerlo incorrectamente; y 7) No documentar adecuadamente los resultados en el acta. Estos defectos pueden fundamentar recursos administrativos o alegaciones en procedimientos judiciales, pudiendo conducir a la anulación de la sanción o decisión judicial.

El límite para conductores generales es de 0,25 mg/L en aire espirado y de 0,15 mg/L para conductores noveles y profesionales. El límite entre infracción administrativa y delito penal se sitúa en 0,60 mg/L: valores superiores a 0,60 mg/L constituyen un delito contra la seguridad vial.

La negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia está tipificada como delito contra la seguridad vial en el artículo 383 del Código Penal, con penas de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. Esta negativa implica presunción de culpabilidad respecto al delito del artículo 379.2 (conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas). Solo en casos excepcionales de imposibilidad física probada (por causas médicas documentadas) podría justificarse la no realización de la prueba.

España aplica límites intermedios en comparación con otros países europeos. Países como República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia aplican tolerancia cero (0,0 mg/L), y otros como Suecia, Polonia y Estonia tienen límites muy estrictos (0,10 mg/L en aire), mientras que España mantiene el límite general en 0,25 mg/L, en línea con Francia, Alemania o Italia. Los límites para conductores profesionales y noveles son más homogéneos en toda Europa, situándose generalmente entre 0,0 y 0,15 mg/L. Es importante conocer estas diferencias si se conduce en el extranjero, ya que el desconocimiento de la normativa local no exime de su cumplimiento y las sanciones pueden ser considerablemente más severas en algunos países, especialmente en los nórdicos.

El tiempo necesario para eliminar el alcohol varía según la cantidad ingerida, metabolismo personal, sexo, peso y otros factores. Como referencia aproximada, el cuerpo elimina entre 0,10-0,15 g/L de alcohol en sangre por hora. Una cerveza (330ml, 5%) puede requerir 1-2 horas, una copa de vino (150ml, 12%) entre 2-3 horas, y una copa de licor (50ml, 40%) unas 3-4 horas. Estos tiempos son orientativos y pueden variar significativamente entre personas. Lo más seguro es no consumir alcohol si se va a conducir.