STS 1664/2010 de 25 de marzo de 2010 (Recurso 1741/2004) (lucro cesante)

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STS 1664/2010 de 25 de marzo de 2010 (Recurso 1741/2004) (lucro cesante) - Page 2

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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia de Pravia dictó sentencia de 4 de diciembre de 2003 en el procedimiento de juicio ordinario n.º 169/2003, cuyo fallo dice:

«Fallo.

»Que estimando en parte la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Díez de Tejada, en nombre y representación de D. Íñigo debo condenar y condeno a los demandados Comunidad hereditaria de D. Raimundo y la Cía. de Seguros Zurich S. A. a que abonen conjunta y solidariamente a la actora en la suma de 28 823,17 euros, a los que se sumarán los intereses legales, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad».

SEGUNDO.- La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

«Primero. Por la parte actora se interesa la condena solidaria de los demandados a indemnizar la cantidad de 247 089,03 euros en concepto de responsabilidad civil derivada de las lesiones sufridas por la demandante como consecuencia del accidente de circulación, que tuvo lugar el día 2 de mayo de 2000, en el que se vio implicada junto con el fallecido D. Raimundo , además de los intereses legales y costas. Del importe total solicitado, es especialmente relevante el capítulo de valoración del lucro cesante. Se ejercita la acción del artículo 1 LRCSCVM.

»Segundo. Por las partes demandadas se admite la existencia del accidente de circulación y se interesa la desestimación de la misma, por considerar en particular la compañía aseguradora que ya le han sido abonadas las cantidades correspondientes, discrepando de los conceptos y cuantías solicitadas, la procedencia de imponer intereses moratorios y costas procesales.

»Tercero. Habiendo quedado perfectamente delimitado el núcleo litigioso a examinar y reconocidos el hecho generador de la responsabilidad de los demandados, que en los puntos cuestionados queda acreditado por el examen de la prueba documental aportada a los autos y, en particular, por el testimonio del atestado de la Guardia Civil de Tráfico realizado a raíz del siniestro; y sin que en ningún caso se haya podido acreditar concurrencia de culpa de la víctima en grado alguno, quedan por establecer los siguientes puntos controvertidos respecto de los daños personales sufridos por el demandante y que son objeto de reclamación:

»a) Tiempo de curación: Ambos peritos médicos coinciden prácticamente en el cómputo de los días invertidos. Incluso el cálculo global del perito de la parte actora, Dr. Juan Pedro , es inferior en unos 10 días y, de forma coherente con la postura que luego se mantendrá respecto a la valoración de las secuelas, se opta por dicho cálculo. De los mismos 186 lo fueron de hospitalización (9 203,28 euros) y los 534 suplementarios lo fueron de carácter impeditivo (21 466,80 euros). De ello resulta un total de 30 670,08 euros.

»b) Secuelas a indemnizar: Vuelve a suceder que ambos peritos médicos coinciden en la determinación de las mismas y en su subsunción en los Capítulos II (tronco-pelvis), Capítulo IV (extremidades inferiores- rodilla), Capítulo V (sistema vascular periférico) y Capítulo Especial (perjuicio estético).

»c) Valoración de las secuelas: Se opta en este punto por el informe pericial rendido por Don. Juan Pedro a instancia de la parte actora. Como ya queda dicho, siendo coincidentes ambos peritos en la determinación de las secuelas, sólo queda coincidir con la opinión de ambos, vertida en el acto del juicio, en el sentido de apreciar que la puntuación de las determinadas es una cuestión esencialmente subjetiva dentro del margen u horquilla permitida por el Baremo. Por ello y por estimar razonables y ponderadas las puntuaciones del perito de la parte actora, en referencia a su relativa gravedad, resultan cincuenta y tres puntos, a 1402 euros cada uno -dada la edad de la víctima (74 306)- que sumados a los 14 puntos de perjuicio estético, valorados separadamente a 645,79 euros cada uno (9 041,06), suponen un total de 83 347,06 euros.

»d) Por lo que respecta al porcentaje del factor de corrección de perjuicios económicos a aplicar, decir que, acreditados los ingresos de la víctima en el tiempo del siniestro de conformidad con las certificaciones expedidas por la empresa de Cecilio , no es posible la aplicación del máximo del 10% previsto en la Tabla IV por lo que procede establecer ponderadamente en el 7,5% dicho porcentaje a aplicar, lo que arroja un total de 6 251,03 euros.

»e) Por lo que respecta a la incapacidad derivada del siniestro, la misma ha sido calificada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el grado de permanente total para la profesión habitual y, no habiendo podido demostrar la aseguradora demandada, a pesar de su reiterado seguimiento personal materializado en dos informes de SYS, Norte, detectives privados, de los cuales, uno de ellos, no se ha considerado oportuno unir a los autos, que el actor continúe en el ejercicio de la que era su profesión en el momento del siniestro, procede reconocer ponderadamente, en función de la edad del inválido, de su formación y de la muy remota posibilidad de que logre un contrato de trabajo por cuenta ajena de nivel similar al que pudiera disfrutar mientras desempeñaba con normalidad su profesión, de acuerdo con la previsión de la tabla IV del Baremo, la cantidad de 70 000 euros.

»Cuarto. El siguiente capítulo de la reclamación lo constituyen los presuntos perjuicios económicos causados al demandante en concepto de lucro cesante. Es necesario establecer que, en congruencia con lo que hasta este punto se lleva argumentado, no procede reconocer cantidad alguna por este concepto, toda vez que el mismo se encuentra incluido y es, por imperativo legal, inherente a las cuantías indemnizatorias establecidas en el Baremo de la LRCSCVM, tal como se plasma en el artículo 1.2 de la misma. Ni el estricto informe actuarial aportado con la demanda ni el propuesto por la Aseguradora, con sus factores de corrección de variables, pueden ser, en consecuencia tenidos en cuenta.

»Quinto. Por lo que respecta a la aplicación de los intereses moratorios simplemente establecer que no se está en el caso de aplicar lo dispuesto por el art. 20 LCS, toda vez que consta desde la temprana fecha de 25 de julio de 2000 se realizó consignación por la aseguradora, que fue aceptada como suficiente "a efectos de mora del asegurador" y totalmente insuficiente como indemnización. Así consta al folio 149 y 151 de los autos penales, cuyo testimonio obra unido a los presentes. Los codemandados abonarán, en su caso, el interés devengado conforme a lo dispuesto por el art. 576 LEC.

»Sexto. El conjunto de las cantidades reconocidas por los conceptos enumerados alcanza la cantidad de 190 268,17 euros, de los cuales es necesario sustraer la cantidad de 161 445 euros, que se desglosan en la ya citada consignación de 17 de mayo de 2000 (17 156,37 euros) y la consignada en el expediente de jurisdicción voluntaria 18/03 de este Juzgado (144 288,63 euros). El importe líquido total abonar lo constituye la cantidad de 28 823,17 euros.

»Séptimo. Por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1902 y 1903 CC y concordantes de la Ley del Seguro Privado y disposiciones complementarias, la responsabilidad de los demandados es solidaria.

»Octavo. Por aplicación de lo dispuesto en el art. 394 LEC y en atención a la estimación parcial de la demanda, no procede especial declaración respecto de las costas».

TERCERO.- La Sección n.º 5 de la Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia de 9 de junio de 2004 en el rollo de apelación 221/2004, cuyo fallo dice:

«Fallo.

»Estimar el recurso de apelación interpuesto por Seguros Zurich, S. A. y desestimar el formulado por D. Íñigo contra la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil tres dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia de Pravia, en los autos de los que el presente rollo dimana, la que se revoca.

»Desestimar la demanda interpuesta por D. Íñigo contra Comunidad Hereditaria de D. Raimundo y Seguros Zurich, S. A., absolviendo a los demandados de los pedimentos contenidos en la demanda.

»No hacer expresa declaración sobre las costas del recurso que se estima e imponer al actor las costas de su recurso».

CUARTO. - La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

«Primero. D. Íñigo formuló demanda de juicio ordinario en reclamación de la cantidad de 241 377,66 #, derivada de accidente de tráfico, contra la comunidad de herederos de D. Raimundo y la Cía. Seguros Zurich S. A. Por el Juzgado se dictó sentencia estimatoria parcial de la demanda, fijando la indemnización a percibir por el actor en 28 823,17 #, una vez sustraídas las cantidades ya percibidas por el mismo, y consignadas por la aseguradora, 17 156,37 # el 17 de mayo de 2000, y en expediente de jurisdicción voluntaria 18/03 144 288,63 #. Tanto el actor como la aseguradora demandada interpusieron recurso de apelación.

»Segundo. El actor impugna en el escrito de preparación de recurso "la valoración de la incapacidad y perjuicios económicos causados en concepto de lucro cesante", solicitando por este concepto la cantidad de 148 516 #, partida ésta que no cabe incluir conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2 LRCSCVM que dice, "los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de la presente ley".

»Tercero. La demandada Zurich España Cía. de Seguros y Reaseguros S.A., de los distintos conceptos de que se compone el total de la indemnización, impugna: l) La valoración de las secuelas y el perjuicio estético; 2) La indemnización por incapacidad permanente total; 3) No computar la indemnización obtenida al concurrir en el accidente de tráfico también el carácter de accidente laboral; 4) La imposición de intereses. En base a estos motivos y teniendo en cuenta la indemnización ya abonada, solicita la desestimación íntegra de la demanda, con imposición de costas al actor.

»Cuarto. Entrando a examinar el primer punto, las secuelas, la sentencia concede 53 puntos y 14 por perjuicio estético. La apelante defiende la puntuación dada por el perito judicial, más acorde a sus intereses, considerando insuficiente el razonamiento dado por el Sr. Juez, aunque reconoce que se encuentra dentro de la horquilla establecida en el baremo; por último, respecto del perjuicio estético, considera que la valoración debe ser de 10 puntos, la dada por el perito nombrado por el Juzgado, porque la cojera es una consecuencia de la rigidez de la rodilla y ya está valorada en tal secuela, por lo que valorarla una segunda vez supone una incorrección técnica y una valoración doble. El actor se opone en este punto, defiende la valoración dada en la sentencia, porque estando incluida dentro de la horquilla, el hecho de que el Juez se incline por una u otra pericial, está permitido por el artículo 348 LEC, que establece como regla de valoración la sana crítica, citando en apoyo de sus argumentaciones las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de marzo y 16 de mayo de 2003. La Sala, a la vista de las argumentaciones de ambas partes y una vez examinadas ambas pruebas periciales y aclaraciones dadas en el acto del juicio, no aprecia motivos suficientes para modificar la valoración dada por el Juzgador de primera instancia, porque entrando dentro de la horquilla no resulta ilógica ni irrazonable y, en cuanto al perjuicio estético, no existe la duplicidad invocada, pues la cojera tiene dos consecuencias claramente diferenciadas: la limitación de movilidad y la limitación estética que es obvia, estableciéndose en el baremo que "Ni la edad ni el sexo de la persona lesionada se tendrán en cuenta como parámetros de medición de la intensidad del perjuicio estético".

»Quinto. La sentencia valora la incapacidad permanente en 70 000 #. La parte apelante, Zurich S.A., entiende que se ha aplicado incorrectamente la tabla IV del baremo, habiendo concedido la cantidad de 70 000 #, que corresponde a una incapacidad absoluta, considerando que, de acuerdo con la prueba de detectives aportada a autos, de la que resulta que el actor se vale perfectamente para su nueva actividad, atendiendo durante toda la jornada laboral el bar restaurante La Dorada, la incapacidad ha de calificarse de parcial y, en consecuencia, entiende que debe ser valorada en sus correctos parámetros, estando ya pagada tal incapacidad por la misma. El apelado se opone mostrando su conformidad con la valoración de la sentencia por encontrarla acorde con la Ley 30/95 y sus actualizaciones posteriores. La Sala, a la vista de la prueba practicada, estima que concurre el factor de corrección de incapacidad permanente total, siendo correcta la cantidad abonada por este concepto por la aseguradora, que se encuentra dentro de la horquilla regulada en el baremo para este grado de incapacidad y resulta ajustada a las circunstancias concretas concurrentes, y ello con independencia de la indemnización percibida por accidente laboral.

»Sexto. Por lo anteriormente expuesto, procede la desestimación del recurso interpuesto por el actor y la estimación formulada por la demandada, desestimando íntegramente la demanda, sin hacer expresa imposición sobre sus costas, al apreciar la Sala dudas de hecho en cuanto a la cantidad a reclamar, en atención a la estrecha, pero en definitiva discrecionalidad que concede el baremo al Juzgador. Procediendo imponer las costas de su recurso al actor y no hacer expresa imposición sobre las causadas por el recurso de la demandada».

QUINTO.- En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de D. Íñigo se formula el siguiente motivo de casación:

Motivo primero y único. «Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso y, en concreto, infracción de las normas relativas a la indemnización del lucro cesante ocasionado como consecuencia de una negligencia en la conducción de vehículos a motor. (Artículo 1106 CC en relación con el artículo 1902 del mismo cuerpo legal)».

El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:

Se ha producido infracción, por inaplicación de la pacífica jurisprudencia del Tribunal Supremo, reconocida entre otras muchas, en las SSTS de 2 de abril de 1997 y de 6 de octubre de 1982, sobre la interpretación del artículo 1106 CC sobre el pleno resarcimiento que abarca todo menoscabo económico sufrido por el acreedor.

Cita las SSTS de 13 de abril de 1987, 28 de abril de 1992 (sobre el principio de indemnidad como designio de los artículos 1106 y 1902 CC) 8 de junio de 1993, 15 de julio de 1998, 30 de noviembre de 1993 (sobre la aplicación de un prudente criterio restrictivo a la estimación de lucro cesante).

La interpretación de la sentencia de apelación supone una ruptura de tales principios establecidos por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, por cuanto se impide una prueba concreta del lucro cesante existente en cada caso de forma individualizada y conforme a hechos de realización posible o, como dice una autorizada doctrina, aplicando criterios de probabilidad, de acuerdo con lo que se puede llamar el curso normal de los acontecimientos (STS 16 junio 1993).

Es decir, que frente a la propuesta por la parte recurrente para determinar el lucro cesante padecido por el actor de conformidad con una serie de aprecios o cálculos teóricos, basados en una cierta probabilidad objetiva inscrita en el curso normal de los acontecimientos, según el informe actuarial presentado, definido por la sentencia de instancia como «estricto informe actuarial», la Audiencia Provincial de Oviedo ha sostenido la aplicación generalizada, uniforme y, por tanto, escasamente objetiva, del Baremo anexo a la LRCSCVM.

Cita la STS de 10 de mayo de 1993 contraria a estimar que la indemnización por lucro cesante suponga una duplicidad por haberse indemnizado las secuelas.

Habiéndose, pues, acreditado por la parte concretos perjuicios sufridos en concepto de lucro cesante, es injusto pretender que el mismo se encuentra sobradamente indemnizado mediante la indemnización prevista para las secuelas, pues ésta no contempla los perjuicios colaterales derivados de la imposibilidad de volver a trabajar para cualquier profesión para la que el demandante estuviera cualificado.

Los perjuicios ocasionados al actor son muy superiores al factor de corrección previsto por el Baremo, pues éste venía percibiendo un salario mensual de 299 000 ptas. y el mismo ha quedado reducido en la actualidad, a consecuencia del siniestro a una pensión vitalicia por invalidez permanente total de 608,31 #.

Cita la STC 156/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por las previsiones contenidas en el apartado B) de la tabla V del Anexo de la Ley 30/1995, la cual señala los requisitos que concurren sobradamente en el supuesto que nos ocupa, por lo que la sentencia recurrida comporta la vulneración del artículo 24.1 CE.

Termina solicitando de la Sala «que teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan con sus copias, se sirva tener por interpuesto en tiempo y forma recurso de casación en su día preparado contra la Sentencia dictada en apelación en fecha 9 de Junio de 2004 incorporarlo a los Autos originales a remitir a la Sala Primera del Supremo, órgano competente para conocer del mismo y, en su día, previo los trámites de ley, se dicte Sentencia por la que se case y anule la recurrida, estimando la pretensión de esta parte relativa a la indemnización de lucro cesante, con arreglo a los motivos expresados en el presente recurso.»

SEXTO.- Por ATS de 24 de abril de 2007 se acordó admitir el recurso de casación interpuesto al amparo del artículo 427.2.2.º LEC, por razón de la cuantía.

SÉPTIMO.- En el escrito de oposición presentado por la representación procesal de Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., se formulan, en síntesis, las siguientes alegaciones:

El recurso incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2, en relación con los arts. 481.1 y 479.2 LEC, ya que el escrito de interposición del recurso de casación se fundamenta en unas infracciones legales diferentes a las indicadas en la preparación. En el escrito de preparación se alegaba únicamente la infracción de los arts. 1902 y 1903 CC, así como el art. 1 LRCSCVM, sin que ninguna referencia se hiciera a la doctrina del lucro cesante y al art. 1106 CC, ahora citado como infringido.

El recurso adolece de confusionismo por citar en un mismo motivo normas con contenido diferente, sin exponer adecuadamente la relación que guarden entre sí, y por mezclar cuestiones jurídicas heterogéneas (SSTS 25 de enero de 2000 y 27 de enero de 2000).

El baremo de la Ley 30/95 ya calcula dentro de sus tablas el perjuicio económico sufrido por el lesionado en concepto de lucro cesante, como expresamente reconoce el art. 1.2. Sobre la constitucionalidad de tal doctrina se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia de 3 de marzo de 2003, por lo que considera conforme a Derecho la sentencia de la Audiencia que ahora se recurre.

Para la hipótesis de que por esa Sala se casase la sentencia, a nuestro entender no cabría la fijación de lucro cesante, por cuanto que la prueba practicada acredita que la indemnización solicitada por tal concepto es artificiosa, como así se acredita con el informe aportado a la contestación a la demanda, con posterior ratificación y examen en el plenario por su autor, que demuestran claramente cómo el cálculo del demandante es contingente y basado en conjeturas, sin el rigor necesario que permita su inclusión. El perito actuarial propuesto por la hoy recurrente reconoció en el juicio que no había tenido en cuenta datos reales que de haberse contemplado en su informe harían variar de forma importante su resultado. Y es que el perito no tuvo en cuenta que el lesionado estaba al frente de un negocio de bar restaurante, el cual, como es lógico le proporciona unos ingresos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de calcular el lucro cesante.

Termina solicitando de la sala «[q]ue teniendo por presentado este escrito con sus copias, tenga por impugnado el Recurso de Casación a que me refiero en el encabezamiento, se sirva admitirlo y en su virtud, declare no haber lugar al mismo interpuesto por D. Íñigo , contra la Sentencia dictada por la Sección Quinta de la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias en el Rollo de apelación núm. 221/2004, condenando al recurrente al pago de las costas.»

OCTAVO.- El escrito de oposición presentado por la representación procesal de la comunidad hereditaria de don Raimundo se formulan, en síntesis, las siguientes alegaciones:

El recurrente, tanto en el relato de «antecedentes» como en el expositivo correspondiente al único motivo casacional pretende sustituir la correcta y ajustada valoración probatoria que resultó de la sentencia recurrida.

Todos los perjuicios económicos derivados del siniestro en el que resultó perjudicado -días de baja, secuelas e incapacidad, e igualmente lucro cesante- le fueron resarcidos oportunamente.

El importe del resarcimiento pertenece privativamente al ámbito de estricta valoración probatoria.

En relación con la "infracción a las normas reguladoras del lucro cesante", el recurrente vindica una interpretación subjetiva e interesada del sistema indemnizatorio establecido en el anexo de la LRCSCVM, postulando que los perjuicios por el reclamados en concepto de «lucro cesante», «no estaban incluidos en el baremo» y que por tanto hubieron de abonarse fuera de las previsiones del baremo.

Los perjuicios que dice haber sufrido en concepto de lucro cesante derivados de la secuela e incapacidad, al margen de no haberse acreditado en modo alguno, ya le fueron debidamente indemnizados por vía de aplicación del baremo vigente.

No cabe pretender una indemnización del lucro cesante, al margen del baremo por cuanto la aplicación del Aptdo. 1, 7 del Anexo LRCSVM no deja lugar a dudas en cuanto a que dicho concepto está expresamente incluido y baremizado, según la literalidad de la norma. Corrobora la tesis mantenida acerca de que no cabe indemnizar el lucro cesante al margen y de manera independiente a los conceptos indemnizatorios determinados y los factores de corrección previstos en el baremo, el art. 1.2 LRCSCVM.

Finalmente, la parte recurrida llama la atención de esta Sala acerca de la nula acreditación de los «perjuicios colaterales» que el recurrente insiste en reclamar, se invoca la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto la exigencia de cumplida prueba del perjuicio, que el Sr. Íñigo en ningún caso acredita, pues resultan insuficientes sus invocaciones que no dejan de ser meras expectativas de ganancia.

En relación a las ganancias dejadas de obtener recogidas en el artículo 1106 CC, en cuyo precepto funda su pretensión el recurrente, la doctrina jurisprudencial es constante y unánime en exigir, para proceder a la indemnización de perjuicios, la prueba cumplida y convincente sin que baste la consideración de pérdidas dudosas o contingentes o de ganancias razonables dejadas de obtener (por todas, SSTS 30 de junio de 1993, 21 de octubre de 1996).

Las costas del recurso habrán de serle impuestas a la recurrente como consecuencia de la desestimación de su recurso y lo manifiestamente infundadas que resultan las alegaciones contenidas en el mismo.

Termina solicitando de la Sala «[q]ue por presentado este escrito, con sus preceptivas copias, se sirva admitirlo, nos tenga por opuestos al recurso de casación formalizado de adverso, para en su día, y previos los oportunos trámites, dicte sentencia desestimando íntegramente el mencionado recurso, confirmando la recurrida en todos sus términos, con imposición de costas a la recurrente.»

NOVENO.- Para la votación y fallo del recurso por el Pleno de la Sala se fijó el día 15 de julio de 2009, en que comenzó la deliberación y continuó en sesiones posteriores terminando el 22 de marzo de 2010, habiéndose dictado la sentencia fuera de plazo dada la complejidad del asunto.

DÉCIMO.- En los fundamentos de esta resolución se ha utilizado las siguientes siglas:

ATC, auto del Tribunal Constitucional.

CC, Código Civil.

LCS, Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

LEC 1881, Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, reformada.

LRCSCVM, Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

RCU, recurso de casación para la unificación de doctrina (social).

SSTC, sentencias del Tribunal Constitucional.

STC, sentencia del Tribunal Constitucional.

STS, sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

TC, Tribunal Constitucional.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Rios, que expresa el parecer de la Sala.



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